El jueves pasado una corte guatemalteca falló a favor de los manifestantes pacíficos del movimiento La Puya y ordenó a EXMINGUA – subsidiaria de la compañía minera estadounidense Kappes, Cassidy & Associates (KCA) – que suspendiera actividades de construcción hasta se realice una consulta de vecinos y que la comunidad apruebe el proyecto. La corte también ordenó al Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc que tomara toda acción necesaria para asegurar que se pare la construcción dentro de 15 días.

Según el fallo la empresa ha estado operando ilícitamente, sin “licencia de construcción…ni autorización, ni aprobación de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc para ejecutar su proyecto minero”.

¡Mantengamos la presión! – Firma nuestra petición en Change.org instando a KCA que suspenda sus operaciones inmediatamente.
Las Comunidades en Resistencia de La Puya—agricultores, propietarios, madres y jóvenes de las áreas afectadas en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo—han mantenido una resistencia pacífica a la mina de oro El Tambor desde que supieron del proyecto. Han mantenido vigilia las 24 horas al día, los 365 días al año en la entrada de la mina por más de tres años para demandar que su gobierno trate sus preocupaciones serias sobre la contaminación del agua, la degradación ambiental y el asunto del derecho de los vecinos a una consulta comunitaria.

La empresa presentó una "acta falsa que se supone que respalda la licencia de construcción", dijo Miriam Pixtún, una representante de La Puya. Señaló al operar sin licencia, la empresa a través de su subsidiaria "fomenta la impunidad y la corrupción en el país".

En Guatemala se da prioridad a los intereses de empresas internacionales por encima de los intereses de comunidades en casi 100% de los casos. La mina El Tambor, anteriormente la propiedad de la empresa minera canadiense Radius Gold y después vendida a KCA, ha beneficiado de un ambiente ubicuo de impunidad. El proyecto nació clandestinamente sin que supiera la comunidad. A pesar de que hay una escasez de agua y altos niveles de arsénico en el agua, se aprobó el estudio de impacto ambiental sin análisis válido del impacto ecológico. En las manifestaciones pacíficas, comunitarios han sufrido hostigamiento de parte de los empleados de la mina y represión violenta de la policía guatemalteca.

¡Debemos insistir en que las empresas de los Estados Unidos mantengan un estándar superior!
Esta es una oportunidad importante para apoyar los derechos de la comunidad por encima de los intereses de corporaciones. Es probable que la empresa apele la decisión. Apoyemos La Puya y exijamos que KCA respete la ley y que suspenda sus actividades de construcción. Por favor, reparta la petición extensamente.

Gérard Lutte,
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